UN PELIGRO PÚBLICO!!!
La contratación de haitianos indocumentados en labores de vigilancia, el uso de armas de fuego no registradas y la operación de empresas sin licencia vigente encabezan las principales irregularidades detectadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVP), que hasta el mes de agosto había realizado 454 inspecciones en distintos puntos del país.
El subdirector de Operaciones del organismo, José Alberto Hernández Rivera, explicó en el marco de la XVI Conferencia Internacional de Seguridad y Defensa que durante los operativos se han encontrado casos de extranjeros que laboraban como seguridad, incluso en instituciones bancarias de manera ilegal, violando las disposiciones establecidas para este tipo de servicios.
El funcionario reconoció que, a pesar del incremento de los operativos, la Superintendencia carece de una ley actualizada que le permita imponer sanciones o multas a las empresas que incurren en violaciones.
"Solo trabajamos con el decreto 1128-03, del año 2003. Eso nos limita a retener las armas y a coordinar con Migración cuando se trata de extranjeros indocumentados", indicó.
El proyecto de ley que modernizaría el marco regulatorio del sector permanece en estudio en el Congreso Nacional. Su aprobación, según Hernández Rivera, dotaría al organismo de las herramientas necesarias para fiscalizar, sancionar y profesionalizar el negocio de la seguridad privada, sin depender de otras leyes de distintos organismos.
Actualmente, en el país existen 453 empresas formalmente registradas, pero las que operan al margen del control oficial superan esa cifra, de acuerdo con los datos ofrecidos.
Pero además como es un sector que se mueve en parte dentro de la ilegalidad, la falta de regulación también tiene un costo económico significativo.
Rivera señaló que el Estado deja de percibir cerca de mil millones de pesos al año por licencias y tasas que no pueden cobrarse a las empresas que operan de manera irregular.
Finalmente señaló que la escasa formación del personal de seguridad es otra de las debilidades estructurales del sector.
Todo parece indicar que las empresas de seguridad privada representan un "PELIGRO PÚBLICO" debido a que en su mayoría están ilegales, contratan ilegales y están armadas.
Es una bomba de tiempo!!!