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Ni injusticias ni privilegios

La promulgación del nuevo Código Penal marca un momento histórico para la República Dominicana.

Después de años de debates, desacuerdos y múltiples intentos fallidos, el país cuenta finalmente con una legislación actualizada que sustituye un código que había quedado rezagado frente a las nuevas realidades sociales, tecnológicas y delictivas.

Entre las modificaciones introducidas se encuentran nuevas tipificaciones penales, el endurecimiento de sanciones para diversos delitos y la incorporación de figuras jurídicas que buscan responder a los desafíos del siglo XXI.

Sin embargo, como toda obra humana, este código no nace perfecto. Existen sectores que celebran sus avances y otros que expresan profundas preocupaciones por disposiciones que consideran insuficientes o controvertidas.

En ese contexto, la decisión de crear una comisión de seguimiento para evaluar el funcionamiento del nuevo Código Penal y proponer futuras modificaciones es una medida acertada.

Una legislación de esta magnitud no puede ser un documento estático; debe evolucionar junto con la sociedad, escuchar la experiencia de jueces, fiscales, abogados, académicos y ciudadanos, y corregir aquello que en la práctica demuestre ser ineficaz o injusto.

Ahora bien, esa comisión no debe convertirse en un simple gesto político. Su trabajo debe caracterizarse por la independencia, la transparencia y el compromiso con el interés nacional.

Las futuras reformas no pueden responder a presiones coyunturales ni a intereses particulares, sino al fortalecimiento del sistema de justicia y la protección de los derechos de todos los dominicanos.

El verdadero reto comienza ahora. No basta con promulgar una ley; es necesario garantizar su correcta aplicación, capacitar a quienes la administrarán y asegurar que la justicia sea igual para todos, sin privilegios ni excepciones.

Porque un buen Código Penal no se mide únicamente por la severidad de sus penas, sino por su capacidad de garantizar justicia, proteger a las víctimas y fortalecer el Estado de derecho.

EN TELENORD esperamos que esta nueva etapa sea el inicio de un sistema penal más moderno, más justo y que con la aplicación del mismo ya no tengamos "NI INJUSTICIAS NI PRIVILEGIOS".