A menos de un mes del fallo del TC, el Congreso ya debate dos proyectos para regular venta de alcohol
A menos de un mes de que el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional el decreto que establece restricciones para el expendio de bebidas alcohólicas, en la Cámara de Diputados se depositaron dos proyectos de ley que buscan establecer por vía legislativa las reglas para la venta de alcohol y el funcionamiento de los establecimientos de diversión.
Las iniciativas fueron presentadas por los diputados oficialistas Juan Bolívar Cuevas, de Bahoruco, y Ramón Bueno, del Distrito Nacional, luego de que el TC, mediante la sentencia TC/0689/26, ordenara al Congreso legislar sobre la materia.
La decisión, emitida el 28 de julio, declaró inconstitucional el decreto 308-06, mediante el cual el Poder Ejecutivo ha regulado durante cerca de 20 años los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas.
El tribunal concedió al Congreso un plazo de dos años para aprobar una ley que establezca el régimen correspondiente.
Aunque todavía queda un amplio margen dentro de ese plazo, los dos proyectos depositados en la Cámara colocan el tema en la agenda legislativa pocas semanas después del fallo.
Propuestas con diferencias
Las iniciativas coinciden en establecer restricciones para la venta de bebidas alcohólicas, pero difieren en la forma en que plantean regular la actividad y en el régimen de sanciones.
El proyecto de Ramón Bueno propone una ley orgánica y crea un sistema de licencias obligatorias para los establecimientos autorizados a vender bebidas alcohólicas. La propuesta incluye a negocios como colmados, bares, discotecas, centros de diversión, casinos y estaciones de expendio de combustibles.
De acuerdo con la iniciativa, los establecimientos que ya venden alcohol tendrían un plazo de 120 días calendario para adecuarse y obtener la licencia correspondiente.
El proyecto también establece un régimen de infracciones clasificadas como leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde amonestaciones y multas hasta la suspensión o revocación de las licencias.
En tanto, la propuesta de Juan Bolívar Cuevas es presentada como una ley ordinaria y plantea un régimen de sanciones económicas más elevado contra quienes no tengan licencia o vendan alcohol a menores de edad. Para las infracciones más graves contempla multas de hasta 100 salarios mínimos del sector público, además de suspensiones temporales y otras medidas.
Horarios de expendio
Uno de los puntos en los que coinciden ambas propuestas es en los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas.
Los dos proyectos plantean mantener la prohibición de venta a partir de la medianoche de domingo a jueves, mientras que los viernes, sábados y vísperas de días feriados el límite se extendería hasta las 2:00 de la madrugada, igual como está ahora.
La propuesta de Cuevas contempla además un período de tolerancia de 30 minutos para el consumo de bebidas que ya hayan sido adquiridas antes del cierre del expendio.
Las dos iniciativas disponen excepciones para establecimientos turísticos, aeropuertos, puertos internacionales y otros espacios vinculados al tránsito de pasajeros.
Plazo para legislar
El Congreso tiene dos años para legislar.
La discusión legislativa se produce luego de que el Tribunal Constitucional determinara que las restricciones al expendio de alcohol no podían continuar sustentándose en un decreto del Poder Ejecutivo porque la regulación incide sobre derechos y actividades que deben ser establecidos mediante una ley.
El tribunal dio al Congreso dos años para aprobar el nuevo marco legal. Mientras tanto, las dos propuestas depositadas esta semana deberán ser conocidas por la Cámara de Diputados, donde podrán ser estudiadas y modificadas durante su trámite legislativo.
La próxima sesión de la Cámara de Diputados está pautada para el miércoles y allí se espera que los legisladores envíen los proyectos a una comisión para su estudio y posterior aprobación.
Aunque las dos propuestas nacieron ahora tras el fallo del TC, el Congreso ha recibido durante más de diez años algunas piezas legislativas para regular la venta de alcohol, pero ninguna ha sido aprobada en los plazos establecidos por la Constitución.