Experto advierte qué podría pasar si siguen creando nuevas provincias
El Congreso Nacional volvió a colocar sobre la mesa una discusión recurrente en el debate público dominicano: la subdivisión del territorio mediante la creación de nuevas provincias. En esta ocasión, los proyectos legislativos buscan elevar a rango provincial sectores clave del país, proponiendo la creación de las provincias Santa Lucía —desprendida de la zona norte y este del Gran Santo Domingo— y Matías Ramón Mella, que abarcaría municipios densamente poblados de Santo Domingo Este y sus alrededores.
La propuesta ha reencendido las alarmas de geógrafos, economistas y urbanistas. Bolívar Troncoso, presidente del Instituto Geográfico Nacional (IGN), advirtió sobre el impacto negativo de esta práctica: “Mientras más se fracciona el territorio, más se dificulta su manejo y planificación”, enfatizando que la parcelación excesiva fragmenta los presupuestos y atenta contra una gobernanza eficiente.
La transformación de municipios en provincias no es un mero cambio de nombre en el mapa. Implica la instalación de nuevas gobernaciones provinciales, representaciones locales de ministerios, dependencias judiciales y la creación de nuevas juntas electorales. Además, cada provincia obtiene dos senadores, lo que aumentaría la matrícula del Senado en cuatro legisladores, junto con la redistribución de diputados.
El procedimiento constitucional para crear una provincia exige la presentación de un proyecto de ley, sustentado en estudios técnicos de densidad poblacional, actividad económica e infraestructura, aprobado en dos lecturas consecutivas en ambas cámaras y promulgado por el Poder Ejecutivo.
Los impactos abarcan los ejes político, económico y social. En lo político, se incrementa el gasto y la burocracia con nuevas plazas de elección y designación. En lo económico, se duplican costos operativos y se fragmenta el presupuesto nacional sin garantía de desarrollo. En lo social, aunque se acerca la burocracia a los ciudadanos, se corre el riesgo de desarticular servicios urbanos integrados como transporte, seguridad y gestión de desechos.
No es la primera vez que se busca fraccionar el mapa nacional. Tras la creación de la provincia Santo Domingo en 2001, han surgido iniciativas similares, como las propuestas de Francisco Alberto Caamaño o Santo Domingo Norte. El consenso técnico expresado por el Instituto Geográfico Nacional coincide en que el país no requiere más provincias, sino un ordenamiento territorial riguroso que optimice la inversión pública, reduzca la burocracia y fortalezca la autonomía financiera de los municipios existentes.