Las deportaciones masivas sobrecargan tribunales de Estados Unidos
Jueces federales en todo Estados Unidos están luchando para abordar una avalancha de demandas de inmigrantes detenidos bajo la campaña de deportación masiva de la administración Trump.
Bajo administraciones anteriores, las personas sin antecedentes penales generalmente podían solicitar una audiencia de fianza ante un juez de inmigración mientras sus casos se tramitaban en el tribunal de inmigración, a menos que fueran detenidas en la frontera. La Casa Blanca del presidente Donald Trump revirtió esa política a favor de la detención obligatoria.
Miles de inmigrantes han recurrido a los tribunales federales utilizando otra herramienta legal: las peticiones de hábeas corpus. Aunque la administración obtuvo una importante victoria legal el viernes, aquí se analiza cómo eso está afectando a los tribunales federales y qué han hecho algunos jueces en respuesta:
Los jueces están dando la voz de alarma
En un tribunal federal en Georgia, el enorme volumen de peticiones de hábeas ha creado “una emergencia judicial administrativa”, escribió un juez en una orden judicial el 29 de enero. El juez Clay Land en Columbus declaró que la administración Trump se está negando a proporcionar audiencias de fianza a los inmigrantes en el Centro de Detención de Stewart en Georgia a pesar de sus “fallos claros y definitivos” contra la detención obligatoria. En cambio, el tribunal tuvo que ordenar audiencias para cada caso individual, escribió Land, un nominado del presidente republicano George W. Bush.
En Minnesota, donde continúan las redadas migratorias, el juez Patrick Schiltz indicó en una orden del 26 de enero que los funcionarios de Trump no habían hecho “ninguna provisión para lidiar con los cientos de peticiones de hábeas y otras demandas que seguramente resultarían”. El tribunal había recibido más de 400 peticiones de hábeas solo en enero, según una presentación del gobierno en un caso separado.
Schiltz, quien también fue nominado por Bush, señaló en una orden separada dos días después que el gobierno desde enero no había cumplido con decenas de órdenes de liberar o proporcionar otro tipo de alivio a las personas arrestadas durante la Operación Metro Surge.
Y en el Distrito Sur de Nueva York, el juez Arun Subramanian apuntó en diciembre que el distrito había sido “inundado” con peticiones de alivio de inmigrantes que no representaban un riesgo de fuga o peligro, pero que, sin embargo, estaban encarcelados indefinidamente. Subramanian, quien fue nominado por el presidente Joe Biden, un demócrata, y preside en la ciudad de Nueva York, concedió la petición de hábeas de una mujer guineana de 52 años y ordenó su liberación.
“Nadie disputa que el gobierno puede, de acuerdo con los requisitos de la ley, buscar la expulsión de personas que están en este país ilegalmente”, escribió. “Pero la forma en que tratamos a los demás importa”.
La administración defiende sus acciones
El Departamento de Seguridad Nacional aseguró en un comunicado el viernes que la administración estaba “más que preparada para manejar la carga legal necesaria para cumplir con la agenda de deportación del presidente Trump para el pueblo estadounidense”.
El Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia, que también envió un comunicado por correo electrónico, criticaron al poder judicial.
“Si los jueces rebeldes respetaran la ley al adjudicar casos y respetaran la obligación del Gobierno de preparar adecuadamente los casos, no habría una carga abrumadora de hábeas ni preocupación por el cumplimiento de órdenes por parte del Departamento de Seguridad Nacional”, dice el comunicado del Departamento de Justicia.
El viernes, un tribunal de apelaciones federal respaldó la política de la administración de detener a inmigrantes sin fianza. El fallo 2-1 de un panel del Tribunal de Apelaciones del 5º Circuito marcó una importante victoria legal para el gobierno y contradijo una serie de decisiones de tribunales inferiores que argumentaban que la práctica era ilegal.
Los abogados de inmigración acusan a la administración de ignorar una decisión judicial clave
En noviembre, una jueza federal en California dictaminó que la política de detención obligatoria era ilegal. La jueza Sunshine Sykes en Riverside, quien también fue nominada por Biden, luego amplió el alcance de la decisión para aplicarla a los inmigrantes detenidos en todo el país.
Pero los abogados de los demandantes dijeron que la administración continuó negando audiencias de fianza.
“Este fue un claro ejemplo de un desacato flagrante, un desprecio flagrante de la orden de un tribunal”, manifestó Matt Adams, abogado principal de los demandantes, a The Associated Press en enero.
Según Sykes, el gobierno argumentó que la decisión era solo “consultiva” y dijo a los jueces de inmigración, que trabajan para el Departamento de Justicia y no forman parte del poder judicial, que la ignoraran. La jueza sostuvo que esa instrucción es “preocupante”.
En su comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional expresó que “jueces activistas han intentado frustrar el intento del presidente Trump de cumplir con el mandato del pueblo estadounidense para deportaciones masivas”.
Los jueces están tratando de encontrar formas de aliviar la carga
Land, el juez federal en Georgia, ordenó a otros jueces en su distrito que ordenaran inmediatamente al gobierno proporcionar audiencias de fianza a los inmigrantes que cumplan con los criterios establecidos por dos casos previos de hábeas.
El juez del Distrito de Maryland, George L. Russell III, ha ordenado a la administración no remover inmediatamente a ningún inmigrante que presente peticiones de hábeas en su tribunal, bajo ciertas condiciones. Russell, quien fue nominado por el presidente Barack Obama, un demócrata, expresó en una orden enmendada en diciembre que el tribunal había recibido una afluencia de peticiones de hábeas fuera del horario laboral que “resultaron en audiencias apresuradas y frustrantes”.
En Tacoma, Washington, la jueza Tiffany Cartwright ordenó a la administración el mes pasado notificar a los inmigrantes detenidos en un centro de procesamiento en Tacoma sobre su fallo de que la política de detención obligatoria era ilegal. Cartwright, quien también fue nominada por Biden, dijo que el alto volumen de presentaciones de hábeas había puesto una “tremenda presión” sobre los abogados de inmigración y el tribunal.