Proyecto de resolución busca garantizar formación de jóvenes y adultos en centros penitenciarios
El pasado miércoles se presentó una iniciativa legislativa que busca que el Poder Ejecutivo ordene la construcción y habilitación de talleres técnico-profesionales en los centros penitenciarios de la República Dominicana.
El proyecto de resolución, ya depositado en la Cámara de Diputados, tiene como objetivo final mejorar la rehabilitación de los reclusos, facilitar su reinserción en la vida laboral y reducir la reincidencia delictiva en el país.
Esta propuesta busca transformar el tiempo de reclusión y ofrecer la oportunidad de capacitación y crecimiento personal de los internos.
El proyecto solicita formalmente la instrucción de un conjunto de instituciones clave para materializar el plan.
Además, contempla un enfoque multiinstitucional que involucra a la Procuraduría General de la República, la Dirección General de Prisiones, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED) y la Escuela Vocacional de las Fuerzas Armadas. Sugiere una colaboración entre entidades civiles y militares para la construcción y puesta en marcha de los talleres.
Uno de los mayores desafíos del sistema penitenciario es el ocio carcelario, un factor asociado con el deterioro personal de los internos y un alto índice de reincidencia. La iniciativa se presenta como una respuesta directa a este problema.
Los argumentos centrales del proyecto, expuestos en sus considerandos, subrayan la urgencia de aprovechar el bastante tiempo de ocio de los reclusos de manera productiva. El objetivo es que, una vez cumplan condena, tengan un buen desempeño y productividad en la vida laboral.
Fundamentos de la propuesta
El sustento legal de la propuesta incluye: Artículo 63 de la Constitución: Establece el derecho de toda persona a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades.
Artículo 8: Define como función esencial del Estado la protección de la dignidad de la persona y la provisión de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva. Ley 116-80: Otorga al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP) el mandato de impartir educación para el trabajo utilitario a jóvenes y adultos.
Y finalmente, la Ley 66-97: Faculta al Consejo Nacional de Educación para autorizar modalidades de enseñanza innovadoras, lo que daría cobertura legal a programas específicamente diseñados para el entorno penitenciario.
Según el documento, aunque existen algunos programas en las cárceles, su alcance es muy limitado debido a la falta de edificaciones adecuadas.
La construcción de estas nuevas infraestructuras es, por tanto, la condición necesaria para que Infotep obtenga el espacio para poder fomentar y desarrollar la educación de manera masiva y sistemática.
La institución ya cuenta con un amplio menú con opciones de programas educativos listos para ser implementados.
La resolución ahora inicia su trámite en comisiones, donde se debatirá la viabilidad de una propuesta que busca transformar el paradigma de la rehabilitación en el sistema penitenciario dominicano.